Los juzgados, desde hace años, solicitan cada vez más la participación de profesionales de la psicología. A través de sus informes clínicos y periciales, jueces y demás figuras judiciales toman en consideración todos aquellos aspectos psicológicos necesarios para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.

No obstante, pese a otorgar el valor que merece a la psicología como parte fundamental de nuestra vida (incluso a la hora de dictar una sentencia), el funcionamiento del propio sistema no siempre actúa en pro de preservar el bienestar psicológico de las personas.

Seguro conoces la expresión “la justicia es lenta”. Es una realidad que la sociedad tiene asumida cuando inicia un proceso judicial. Pero ¿cómo afecta psicológicamente a las personas esa dilatación en el tiempo producida por el propio sistema?

Desde la perspectiva de la psicología jurídico-forense, auxiliamos a jueces a través de informes periciales psicológicos a que tomen en consideración aspectos psicológicos sobre distintos ámbitos. Por ejemplo, en casos de guarda y custodia, indicamos cuál es el régimen más idóneo para el sistema familiar; en casos de abuso sexual infantil informamos sobre aspectos psicológicos referentes a la credibilidad del testimonio del menor, así como de sus posibles consecuencias psicológicas derivadas del abuso. También analizamos las secuelas psicológicas causadas por una vivencia de violencia de género o por situaciones de acoso laboral.

Sin embargo, encontramos que en casi la totalidad de los procedimientos donde actuamos ha transcurrido de media un año y medio o dos años desde la interposición de la denuncia o de la demanda.

Este retraso en resolver un asunto puede suponer en casos de guarda y custodia un perjuicio (principalmente en los menores) para un conjunto familiar por cronificación de un conflicto En asuntos de violencia de género puede implicar en la víctima denunciante un incremento en el tiempo de su recuperación psicológica por no cerrar la etapa judicial de manera más rápida; al igual que en los supuestos de abuso sexual infantil, donde menores deben ser evaluados meses después de su primera revelación.

En conclusión, los peritos, además de responder a las preguntas de los diferentes actores jurídicos, reflejamos en nuestros informes periciales las consecuencias derivadas que la lentitud del sistema judicial haya podido generar en la persona o en la unidad familiar, ya que este es un factor influyente tanto para poder dar respuesta pericial a lo que se nos demanda como profesionales, como a la hora de iniciar el proceso de recuperación psicológica de una persona, o un conjunto familiar a través de la intervención en un conflicto.